Instrumentos para promover tecnologías con impacto ambiental positivo

II. EL CONTEXTO CHILENO

Como se explicaba en la sección generalidades, la no existencia de regulaciones o la no fiscalización de las mismas, hace que la adaptación de la industria nacional al cumplimiento de normas ambientales tienda a seguir patrones disímiles en función de las realidades que cada sector o empresa enfrenta. Es así como -en una primera instancia- es posible diferenciar claramente entre la pequeña y mediana industria y la gran industria.

Como aspecto general, se puede decir que el sector productivo nacional está mejorando (disminuyendo) el impacto ambiental generado por el desarrollo de sus actividades. Las razones de esta mejora son varias, destacando entre ellas la modernización general del sector que ha redundado en tecnologías más modernas y, por lo tanto, en general, más amigables con el ambiente; la internalización de las empresas exportadoras; la creciente generación de normativa ambiental nacional (recordemos la Ley de Bases del Medio Ambiente -03.94- y las regulaciones que de ella se derivan), acompañada de una sistematización en los esfuerzos de fiscalización (aunque todavía muy incipiente) reforzada por el eventual ingreso de Chile al NAFTA; y, por último, no debe dejar de mencionarse el aumento de la conciencia ambiental, tanto por parte de los empresarios como por parte del sector público regulador y de los miembros del Congreso, factor éste que redunda en un aumento de la velocidad del proceso.

Para el caso de la pequeña y mediana industria, se puede decir que, salvo casos puntuales, ésta no se ha incorporado al tema de la protección ambiental. Las razones son múltiples, pero deben destacarse las siguientes:

• Falla de regulaciones. Ya se dijo anteriormente, pero el hecho de que exista una capacidad limitada para regular y fiscalizar, ha implicado que las prioridades del sector público se centren en la gran industria. En forma complementaria a lo anterior, debe destacarse el gran déficit que existe en el enfoque regulatorio para las PYMEs, en el sentido de que éstas deben ser consideradas en un contexto de menor disponibilidad de recursos financieros y humanos, y por lo tanto, en un marco de regulaciones más sencillas o que cuenten con una componente de asesoría estatal (8).

• Fallas en el mercado de la información. La gran variedad de tecnologías y situaciones involucradas en las PYMEs, acompañada de una gran oferta de servicios de consultoría y equipos de control (9), hacen difícil la toma de decisiones por parte de pequeños empresarios individuales.

• Incertidumbre. Este factor, que también juega un papel importante en relación a la gran industria, tiene relación con la contínua variación de la normativa ambiental, la que en general es de corta permanencia temporal, situación que la transforma en un factor "no creíble" por parte de los eventuales afectados.

Comparativamente, el sector gran empresa sí ha incorporado en mayor grado (aunque no al nivel de los países desarrollados) el tema de la protección ambiental. Las razones recién mencionadas como vallas para las PYMEs no lo son tanto para la gran empresa. Es así como el factor "falla de regulaciones" y, por consiguiente, la falta de fiscalización, tiende a perder importancia en la gran industria debido a la facilidad con que ésta puede ser identificada y ser, por lo tanto, vulnerable a presiones derivadas tanto de la aplicación de la legislación como a presiones sociales o políticas. Este es el factor conocido como "accountability".

Sin embargo, incluso en el sector de la gran industria, existen situaciones asimétricas en cuanto a la existencia de incentivos para la adopción de tecnologías ambientalmente amigables. Es así, entonces, que dejando de lado el factor fiscalización, insuficiente información (10) y, en menor grado, la incertidumbre (la gran empresa tiene mayor capacidad de influir para que las decisiones se mantengan o consideren plazos apropiados), se puede listar una serie de situaciones que implican respuestas distintas para distintas empresas, y que explican en alguna medida el por qué este segmento productivo se comporta de manera distinta que las PYMEs en lo que a protección ambiental concierne:

• Exigencias de mercados externos. Dependiendo de si una empresa es exportadora, y a qué mercado exporta, ésta se verá sujeta a exigencias ambientales distintas. Es así como empresas productoras de celulosa y papel están sujetas a exigencias totalmente distintas en función de si sus mercados son la Unión Europea, América Latina, Estados Unidos o Japón (11).

• Influencia de la localización. La localización de las empresas es un factor importante en la existencia de presiones para que éstas implementen controles ambientales. Si esta localización es una ciudad con problemas ambientales (Santiago, por ejemplo), las empresas se verán sujetas al cumplimiento de una normativa distinta que si no existieran problemas. De igual forma, la naturaleza de los problemas ambientales de la localización redundará en el tipo de controles ambientales que se implementarán (control de la contaminación del aire, del agua, etc.)

• Intereses de la ciudadanía. Existe una serie de temas que atraen más a la opinión pública y a las organizaciones no gubernamentales. Esta situación genera mayor presión y visibilidad para las empresas que desarrollan sus actividades en ese campo y, por lo tanto, mayor presión para la adopción de tecnologías ambientalmente amigables. En general, ésta tiende a ser la situación del sector relacionado con la explotación de recursos naturales renovables.

En resumen, la situación ambiental de las empresas productivas chilenas está mejorando por variadas razones. Sin perjuicio de lo anterior, este proceso puede acelerarse mediante la intervención del Estado en los siguientes campos:

• Corrección de los sistemas regulatorios y fiscalizadores públicos, mediante la generación de una normativa clara, objetiva y permanente.

• Apoyo a la mejora de mercados de información sobre servicios y tecnologías ambientales.

• Facilitación de creación de consorcios empresariales que desarrollen el análisis y proposición de soluciones para problemas comunes.

• Apoyo a la generación de capacidades técnicas (Institutos Tecnológicos sectoriales privados).