Instrumentos para promover tecnologías con impacto ambiental positivo

IV. PROPUESTAS PARA PROMOVER LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS CON IMPACTO AMBIENTAL POSITIVO

El enfoque general de estas recomendaciones no propone solamente acciones a ser desarrolladas por los organismos gubernamentales; por el contrario, ellas pretenden establecer un marco que permita una interacción amplia entre los representantes de la industria, la comunidad de académicos, las organizaciones internacionales, las ONGs y el Estado. Como se desprende de las proposiciones específicas, ellas pueden ser aplicadas tanto a la gran empresa como a las PYMEs. En todo caso, no cabe la menor duda de que algunas de ellas son más atingentes a estas últimas. Entre ellas destacan la "generación de normas ambientales claras y precisas", la "difusión de información sobre tecnología ambiental" y la "promoción de acuerdos empresariales para la cooperación tecnológica ambiental".

En cuanto a mecanismos de apoyo financiero que faciliten la implementación y acceso a estas medidas, destacan los fondos de investigación tecnológica de que dispone el Estado, especialmente en la forma de joint ventures entre sectores productivos e institutos de investigación o universidades. También son interesantes los mecanismos que han comenzado a operar privadamente en la forma de fondos de garantías y apoyo a la gestión (FUNDES).

Se han resumido las propuestas en cinco puntos específicos.

DIFUSIÓN PÚBLICA DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL

Una mejor difusión pública de la información relativa a fuentes, tipos, cantidades y consecuencias de la contaminación, puede contribuir significativamente a aumentar la demanda de mejores controles ambientales. Ello se traduce en una mayor presión pública por contar con normas ambientales y, adicionalmente, consolida la actitud del público consumidor en lo que se refiere a la demanda de productos ambientalmente mejores.

Al aumentar la disposición de los consumidores a pagar por la calidad ambiental, las empresas están dispuestas a invertir en tecnologías ambientalmente más eficientes, ya sea para mejorar su imagen o para mejorar su posición de mercado.

La creación de esta demanda de tecnologías ambientales atrae los productores de equipos y tecnología, quienes perciben nuevas posibilidades de mercado.

Los consumidores requieren ser educados en la compresión de la relación existente entre los productos que están consumiendo y los efectos sobre el medio ambiente o sobre su propio bienestar. No cabe la menor duda que ésta es una etapa primaria para un país como Chile (por sobre consideraciones acerca del ozono, por ejemplo), considerando los efectos directos sobre la salud de las personas que se generan debido al consumo de productos nocivos. Al cuestionarse el consumidor sobre la calidad de lo que está consumiendo, estará dando los primeros pasos para internalizar los costos ambientales.

Un efecto complementario al interior, es la externalidad positiva que se estará creando al poner una valla alta a la calidad de los productos de consumo interno. Esta "valla alta" facilitará una eventual exportación de los productos a países que imponen restricciones de calidad o ambientales.

Una variante del sistema de ecoetiquetado, con énfasis en el mercado nacional, es la existencia de un sistema que proporcione información ambiental sistematizada a los consumidores. La diferencia principal con el sistema de ecoetiquetado es que los clientes no son las empresas productoras, sino que los consumidores. Esta razón tiene una alta incidencia en cuanto a los mecanismos de financiamiento que se utilicen.

Para que un sistema de información ambiental (y de calidad) al consumidor sea conceptualmente válido, debe primero discutirse cuál será el tipo de información que es apropiada para que el consumidor tome las decisiones correctas.

En primer lugar, están todos aquellos productos cuyo uso y eventual disposición le generan algún tipo de externalidad ambiental (entendida como aquella que se genera "fuera" del hogar del consumidor, es decir, con efecto comunitario) negativa al consumidor, en particular, o a la sociedad en general (cumplan o no con las regulaciones ambientales existentes, ya sea a nivel nacional o internacional). Ejemplos de este estilo pueden ser artículos de madera que no provengan de bosques adecuadamente manejados; detergentes que no se degraden fácilmente y, por lo tanto, contaminen lagos o ríos; aerosoles que afecten la capa de ozono y un sinnúmero de otros productos. Está claro que esta actividad (considerando que el consumidor tiene que evaluar productos en forma comparativa entre ellos) podría generar problemas con aquellos productores que no salieran bien parados.

A una categoría distinta a la anterior pertenecen aquellos productos cuyo uso o disposición puede generar un riesgo ambiental directo sobre los consumidores (juguetes con pintura con plomo, solventes con hidrocarburos aromáticos, estufas con altas emisiones, paneles de fibromadera con aldehidos, etc.), y también productos de consumo tradicional como pueden ser las lechugas. Esta categoría se asemeja bastante a los Consummer Reports tradicionales, pero con énfasis en el tema ambiental.

Es posible que esta actividad cree un conflicto de intereses entre la entidad que "educa" a los consumidores (por ejemplo, la entidad que edita un consummer report) y las empresas. Ello puede significar no sólo problemas de financiamiento, sino también dificultar el acceso a información sobre productos y tecnologías que debe ser facilitado por las empresas.

No cabe la menor duda de que una labor de este tipo es necesaria para el mercado nacional (desarrollo de un consummer report), debiéndose estudiar cómo podría implementarse. Esto permitiría que las empresas (ya sea individualmente o a nivel de consorcios) pudieran adaptar sus productos a los requerimientos de la población en función de los parámetros de amigabilidad ambiental y de protección de la salud.

GENERACIÓN DE NORMAS AMBIENTALES CLARAS Y PRECISAS

Para las empresas medianas y pequeñas, la necesidad de adoptar tecnologías de control, de diseñar nuevos productos y de transformar sus procesos productivos a fin de cumplir con la normativa ambiental, constituye un desafío considerable, tanto por el monto de las inversiones como por las posibles interrupciones de sus procesos productivos. Por esta razón, se requiere que las autoridades generen normas ambientales claras y precisas, que sean percibidas como estables, para incentivar a las empresas a tomar las decisiones correspondientes, cuyo cumplimiento pueda ser monitoreado y controlado.

En relación a esta situación, la generación de normas debe considerar una etapa de difusión pública, al igual que de capacitación de las empresas afectadas y demás actores involucrados.

Esta es una tarea del Estado. No cabe la menor duda que se ha mejorado en lo relativo a generación de normas de control ambiental y su fiscalización, pero aún falta un gran esfuerzo en la sistematización de métodos, evaluación y calificación de prestadores de servicio y difusión de la normativa, sobre todo a nivel de las PYMEs. La experiencia en gestión ambiental pública de los últimos años muestra que se requieren cambios importantes en la institucionalidad pública para lograr cambios relevantes en los sistemas de generación de normas de fiscalización asociada y en la sistematización de procedimientos y difusión y asesoría técnica a los involucrados (Comisión Especial de Descontaminación de la Región Metropolitana-CEDRM; Programa de Control de Emisiones de Fuentes Fijas -PROCEFF; Superintendencia de Servicios Sanitarios -SSIS- y otras).

Para ilustrar la situación chilena, tomaremos el caso de la contaminación del aire en Santiago y de las aguas a nivel nacional.

En el caso de la contaminación atmosférica, la sola medición de emisiones provenientes de una chimenea tiene un costo directo de aproximadamente US$750. Esto considerando que la empresa cuenta con instalaciones adecuadas para poder realizar estas mediciones (chimeneas apropiadas, con perforaciones estandarizadas y acceso seguro), situación que no es común en industrias antiguas. La medición solamente entrega información relacionada con el grado de cumplimiento o infracción de la norma respectiva, pero no informa al empresario en relación a qué debe hacer en caso de superar la norma. Esto, por lo tanto, involucra la contratación de asesoría y otros gastos relacionados. Obviamente, estos costos son relevantes para empresas pequeñas y requieren de la existencia de mecanismos (Asociaciones gremiales o Consorcios productivos) que apoyen a los empresarios individuales en la interpretación de información y toma de decisiones de control ambiental. Es interesante notar que solamente como producto de la acción del Estado (PROCEFF) se corrigió la utilización de metodologías defectuosas de medición de emisiones en Santiago. Tanto es así, que la base de datos de emisiones generada entre los años 88 a 92 era casi totalmente inservible.

En lo que respecta a la contaminación de las aguas (tema que supuestamente es de más antigua data que el del aire), aún hoy no se cuenta con una política nacional al respecto y el control se hace utilizando una norma provisoria. Los costos de monitoreo son importantes (una campaña de mediciones, en dos o tres puntos, puede alcanzar cifras de US$1500), pero normalmente recaen en industrias de gran tamaño que vierten directamente a ríos o lagos. Sin perjuicio de lo anterior, existen sectores industriales de pequeñas y medianas empresas que están en la misma situación. Debe recalcarse que la situación que debería ser abordada a la brevedad es la relacionada con el uso de alcantarillados para el vertimiento de residuos industriales líquidos (RILES), provenientes de la industria urbana, y que interferirá con el adecuado tratamiento de las aguas servidas domiciliarias.

En este campo pueden interactuar las empresas a través de asociaciones de algún tipo, ya sea negociando con las empresas de servicios sanitarios o generando mecanismos de tratamiento conjunto de los RILES. Este tema será desarrollado en el punto relativo a la promoción de acuerdos empresariales para la cooperación tecnológica ambiental.

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE TECNOLOGÍAS AMBIENTALES

Las empresas pequeñas y medianas normalmente no disponen de información relativa a alternativas de tecnologías de control o de procesos alternativos de producción ambientalmente más convenientes. Enfrentados a la necesidad de cumplir con normas ambientales, su única alternativa es recoger la información "de mercado", esto es, la información entregada por los productores e intermediarios de tecnología (firmas proveedoras de "hardware"), que obviamente tienen una participación interesada.

Dada la importancia relativa de los montos destinados a inversiones ambientales en caso de empresas pequeñas, la selección tiende a ser irreversible y una mala elección puede significar la salida del mercado o la pérdida de posiciones. Dicho de otro modo, existen beneficios importantes asociados a la correcta selección de la tecnología que cada firma necesita para resolver su problema de contaminación particular.

Una mejor difusión, idealmente efectuada por una entidad "neutra", sobre las posibles alternativas, ayudaría a las empresas pequeñas a tomar sus decisiones en lugar de posponerlas, acelerando de este modo la innovación tecnológica.

Dependiendo de la magnitud de los recursos involucrados en cada caso, se puede identificar segmentos del sector productivo que enfrentan una problemática ambiental similar y crear consorcios que se constituyan en centros de información ambiental, que prestan servicios a sus miembros. Estos centros se orientarían a antivipar las necesidades futuras en el campo ambiental y a proponer menús de alternativas disponibles, incluyendo antecedentes de costos y asistencia técnica.

Este tipo de instrumento es similar a las acciones que se podrían lograr mediante acuerdos de cooperación empresarial para la cooperación tecnológica ambiental, pero se ha preferido tratar en forma separada debido a que se considera ésta como una etapa previa, pero absolutamente necesaria, a la cooperación tecnológica de implementación. Además, la difusión de información tecnológica cubre un rango mayor que el de sectores industriales específicos, ya que las tecnologías de control ambiental son de un alcance mayor que un mero sector industrial.

Considerando el alcance amplio de acciones en este campo, se vislumbra la posibilidad de implementar instancias multigremiales, donde los institutos de investigación privados o estatales puedan prestar este tipo de servicios. La limitante principal en esta área es que la institución que genere este tipo de información no puede posteriormente actuar en el área de venta, instalación o asesoría relacionada con equipos o tecnologías de control ambiental.

Los beneficios económicos potenciales para los involucrados en inversiones de control ambiental están dados, en principio, por el ahorro de costos sociales que significa contar con mayor información para la toma de decisiones con respecto a la elección de tecnologías ambientales. En Chile, puede ser razonable suponer que en un mediano plazo la inversión ambiental ascenderá a una cifra del orden del 1,0% del PGB (asumiendo que el gasto en materias ambientales alcance al 1,5% y la inversión sea las 2/3 partes del gasto). Si estimamos que una mejor información implica ahorros de 5%, los beneficios económicos potenciales pueden alcanzar a US$ 30 millones de dólares al año. Beneficios adicionales son la selección correcta, atendiendo a las verdaderas necesidades de la empresa y regulaciones relacionadas, y menores costos de implementación y operación de la tecnología producto de un mejor conocimiento de la misma.

El hecho de que haya algunos sectores económicos caracterizados por empresas que deben resolver problemas ambientales similares, sugiere que existe una necesidad potencial para organizarse y generar economías.

DIFUSIÓN DE ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE GESTIÓN AMBIENTAL

La existencia de estándares de gestión ambiental permite a las empresas medir su actuación, estandarizar métodos y, mediante la certificación, establecer niveles de aceptación. Esto, junto a mejorar la posición competitiva del país en el comercio internacional, genera una mayor demanda pro tecnologías ambientales de avanzada.

En la difusión de estándares internacionales, el Estado puede participar mediante sus instituciones sectoriales (agricultura, minería, etc.) y a través de aquellas de carácter comercial multisectorial, como, por ejemplo, CORFO, ProChile, etc.

Las organizaciones internacionales pueden utilizar estos estándares en sus regulaciones, procedimientos y programas de ayuda.

Las empresas multinacionales, además de adoptar estos estándares, pueden incentivar y ayudar a sus proveedores y asociados en los países en desarrollo a adoptarlos también.

La comunidad profesional de ingenieros y consultores puede promover el uso de sistemas de gestión a través de actividades profesionales y de formación y capacitación.

Como ejemplo, puede señalarse las "auditorías ambientales", cuyo objetivo es evaluar el cumplimiento corporativo de un rango creciente de reglamentos ambientales e informar a la opinión pública, transformándose de este modo en una herramienta de administración interna de las empresas. Es interesante destacar que las auditorías ambientales, al contrario de las regulaciones que se orientan hacia cada componente ambiental -agua, aire, etc.-, se concentran en el conjunto de impactos ambientales asociados a un proceso industrial. Sobre la base de estos sistemas de gestión ambiental "integrados", se puede definir normas globales de gestión ambiental a nivel de empresas.

PROMOVER ACUERDOS EMPRESARIALES PARA LA COOPERACIÓN TECNOLÓGICA AMBIENTAL

Las empresas y asociaciones de empresas utilizan muchas veces códigos de conducta privados para guiar su comportamiento y para comprometerse con ciertos principios de negocios. Sin embargo, pocos acuerdos contienen un compromiso explícito, cuantificable y mandatorio de gestión y cooperación tecnológica.

Este aspecto podría ser reforzado a través del accionar conjunto de las asociaciones empresariales. Es importante destacar que existe un costo de asociación que puede ser importante, por lo que debe analizarse cómo éste puede ser minimizado(13). La cooperación debe ser impulsada a partir de la existencia de una demanda específica. Esto, a lo menos, garantiza que existirán aportes por parte de los interesados.

Algunos casos específicos que merecen especial atención son los siguientes:

  • Cooperación en la generación de normas. La no existencia de contrapartes técnicas involucradas muchas veces redunda en que las normas técnicas relacionadas con el control de los impactos ambientales de un sector sean inoperantes, o impliquen costos innecesarios (con las siguientes señales erróneas en la generación de tecnologías destinadas a abordar esa situación). En este sentido, el que exista una contraparte organizada con capacidad de realizar aportes técnicos, implementar programas piloto, e incluso, desarrollar y experimentar tecnologías, redunda en claros beneficios sociales.

  • Tratamiento conjunto de efluentes o residuos. Al existir problemas ambientales comunes para un sector empresarial, aparecen oportunidades importantes para desarrollar mecanismos de cooperación entre las empresas afectadas. Casos sumamente comunes son los de tratamiento de residuos industriales sólidos generados por una industria, para los cuales pueden implementarse programas de desarrollo de tecnologías destinadas a solucionar la disposición ambientalmente adecuada de los RISES, programas conjuntos de reciclaje o reutilización de los mismos y, por último, programas comunes de creación y manejo de lugares de disposición final (los que pueden ser desde rellenos especiales a plantas de incineración o inertización). Situaciones más sofisticadas aparecen en lo que respecta al uso de redes públicas para el vertido de RILES, o el manejo de los mismos en parques industriales. En el primer caso, se puede interactuar con las empresas de servicios sanitarios para el diseño de sistemas de tratamiento comunes o de gestión de RILES a través de sistemas de tarificación adecuados; en el segundo, se puede analizar la posibilidad de implementar sistemas de tratamiento comunes para el parque, que puedan ser más eficientes que el tratamiento individual por parte de cada empresa.

  • Análisis de problemas específicos. Al existir regulaciones o demandas específicas generadas por el mercado, puede surgir la necesidad de desarrollar o adaptar soluciones comunes. Para enfrentar esta tarea, la modalidad de consorcios empresariales es muy interesante (ha dado resultados interesantes en el sector forestal). El Estado puede apoyar la formación de estas asociaciones, posibilitando el uso de los fondos de investigación con que cuenta, o bien, disminuyendo los costos de infraestructura y apoyo mediante modalidades de uso compartido de los centros de investigación.