Programa de Innovación Tecnológica (1996-2000)
INTRODUCCIÓN
Chile ya entró a una nueva época donde el desarrollo sostenido, la democratización, la globalización y la revolución tecnológica transformarán radicalmente nuestro paisaje económico, social, político y cultural. En este contexto de cambio continuo y generalizado nuestro país tiene ante sí una extraordinaria oportunidad. Es posible y viable proponerse construir en el transcurso de las próximas décadas una economía que abre oportunidades y mejora la calidad de vida para todos los chilenos; una nación con una democracia plena y ejemplar, con alta equidad y sin extrema pobreza; una sociedad culturalmente más abierta y avanzada; así como un sistema productivo que se expande basado en la incorporación de nuevos conocimientos y en creciente armonía con la naturaleza.
Pero esta oportunidad no está asegurada naturalmente, por significativos que hayan sido los avances realizados hasta ahora. Es ya evidente que para sostener la expansión y diversificación exportadora ya no se contará con un tipo de cambio real creciente. La tendencia progresiva al alza de los salarios indica que ya no será posible ni tampoco deseable basar nuestro desarrollo en mano de obra barata. Y la explotación de recursos naturales sin restricciones medioambientales está llegando a su fin, no sólo debido a exigencias de los mercados internacionales, sino también a una creciente presión de la sociedad civil, cada vez más consciente de las externalidades negativas que aparecen con la expansión productiva. Asimismo, la creciente apertura e internacionalización de la economía chilena se da en el contexto de un rápido aprendizaje y creciente habilidad de muchas otras naciones para competir en los mercados internacionales y locales.
El desarrollo de los próximos años deberá basarse en una productividad creciente de todos los factores de producción: no sólo del trabajo, sino también del capital y del uso de recursos naturales. A diferencia de lo ocurrido durante la década 1985-1995, la economía chilena enfrenta el desafío de mantener su alto ritmo de crecimiento, sustentándose en un progreso tecnológico cada vez más avanzado y difundido en todo el sistema productivo.
Para superar este desafío, Chile dispone de un entorno macroeconómico que ejerce una poderosa influencia positiva en la innovación tecnológica. La estabilidad económica, la apertura internacional, la orientación exportadora, una política propicia a la inversión extranjera y las elevadas tasas de inversión y ahorro interno son características que favorecen el dinamismo y difusión de la modernización tecnológica del sistema productivo nacional. Pero siendo condiciones necesarias, no son suficientes por sí mismas. El avance en el dominio de tecnologías cada vez más complejas se ve entrabado por retrasos estructurales en las capacidades científico-tecnológicas del país, por rezagos en la construcción de una moderna institucionalidad, por las dificultades culturales de las empresas para emprender innovación tecnológica avanzada, así como por fallas sistémicas en los mercados de bienes, servicios y de capitales que dificultan el esfuerzo empresarial en esta materia.
Lograr transformaciones en todos estos campos requiere de un esfuerzo prolongado y multifacético. Aun cuando los plazos se extiendan más allá de la primera década del siglo XXI, es menester no subvalorar el desafío que Chile enfrenta en el futuro inmediato. El país deberá elevar en forma substantiva su inversión en ciencia, en innovación tecnológica, en formación básica y avanzada de recursos humanos, así como las capacidades en transferencia tecnológica masiva. Pero ello no es suficiente. Se requiere también de un alto ritmo de innovación institucional, social y cultural. En efecto, debe considerarse que la información y el conocimiento tecnológicos son bienes no-rivales o cuasi-públicos. Esto determina que el desarrollo de la innovación tecnológica se base en una mezcla entre mercados y alto dinamismo empresarial, con subsidios y regulaciones públicas, así como la colaboración entre empresas, universidades y centros tecnológicos. La combinación del conjunto de estas prácticas e instituciones constituye lo que se denomina el "Sistema de Innovación Nacional" (SIN), que abarca desde la Investigación y Desarrollo (I+D) pre-competitiva, la I+D de tipo productivo, la transferencia tecnológica y la formación de recursos humanos.
El SIN supone la existencia de múltiples actores y mecanismos que intervienen en el proceso de creación, absorción y difusión de nuevas tecnologías. Y ello determina el rol del sector público y la naturaleza de la política tecnológica. Esta debe operar en varios frentes. Uno de ellos es la modernización del Estado, sus instituciones e instrumentos para que apoyen y catalicen el proceso de "despegue" del SIN en los próximos cinco años. En este contexto es determinante que la política tecnológica se sustente en principios de eficiencia, eficacia, transparencia y flexibilidad.
El propósito debe ser un SIN más avanzado, donde el rol de las empresas sea protagónico, se profundicen los mercados y las regulaciones que favorezcan la innovación técnica, se aumente la capacidad de I+D y transferencia tecnológica de universidades y centros tecnológicos, se masifiquen los mecanismos de transferencia tecnológica, a la vez que se expanda la masa de científicos, de ingenieros y de técnicos dedicados a la innovación. Asimismo, dados los procesos de globalización y revolución tecnológica, las instituciones públicas y privadas deben ganar capacidad de aprendizaje y captación permanente del desarrollo científico-tecnológico mundial, adaptándose a los nuevos desafíos que irán emergiendo.
Por ello es que el Gobierno del Presidente Eduardo Frei ha decidido dar un mayor impulso al desarrollo de la capacidad tecnológica nacional. En este contexto se sitúa el Programa de Innovación Tecnológica, cuya primera fase partió en 1992, iniciándose una segunda (Programa de Innovación Tecnológica) que durará hasta el año 2000. Sin ser la única, el Programa de Innovación Tecnológica constituye la mayor iniciativa gubernamental en el campo de la política tecnológica: entre 1996-2000 se estima que implicará el desembolso de US$ 354,8 millones, movilizando un monto equivalente el sector privado, centros tecnológicos y universidades. La media anual de fondos totales movilizados equivale al 0,2% del PIB promedio del período 1996-2000 (suponiendo una tasa de crecimiento del 7%).
Su misión principal es impulsar la innovación orientada hacia y desde el sistema productivo y sus empresas. Por ello se concentra en el fomento de la Investigación y Desarrollo pre-competitivo y productivo, así como en la transferencia tecnológica. El Programa de Innovación Tecnológica se basa en la colaboración entre 4 instituciones (Ministerio de Economía, CORFO, Ministerio de Agricultura y CONICYT) y coordina 5 fondos "horizontales" (FONTEC, FDI -ex-FONSIP-, FONDEF, FIA y FIM) que se especializan por instituciones (empresas, centros tecnológicos y universidades, respectivamente), poniendo énfasis en diferentes dimensiones del proceso de desarrollo tecnológico.
"El gobierno está impulsando la segunda fase del Programa de Innovación Tecnológica"
"Para poder adquirir, crear y utilizar nuevas tecnologías, es necesario que el país posea la capacidad para absorber los conocimientos necesarios, lo cual involucra su habilidad para aprender, implementar, adaptar y mejorar las técnicas y prácticas. El desarrollo de esta capacidad tecnológica es un desafío permanente, al que debemos dedicar todavía más esfuerzos que los actuales.
El gobierno está impulsando la segunda fase del Programa de Innovación Tecnológica, que se ha planteado entre sus metas lograr elevar el porcentaje de recursos del país destinados a la Investigación y Desarrollo, poniendo el énfasis en estimular el esfuerzo del sector privado en la materia.
Como ustedes también saben, nuestros indicadores científicos y tecnológicos son bastante inferiores a los de otros países en desarrollo, pero de gran dinamismo y potencia exportadora, las llamadas Economías de Industrialización Reciente. No sólo invertimos mucho menos en investigación y desarrollo. También nuestra educación superior en áreas de ingeniería y matemáticas representa un porcentaje mucho más bajo que en los referidos países y nuestra importación de bienes de capital llega a sólo 7,4 por ciento del producto, mientras que en Corea se eleva al 28 por ciento, y en Taiwan, al 37 por ciento.
Como ustedes también saben, la participación del sector privado en el financiamiento de los esfuerzos en investigación y desarrollo en Chile es apenas superior a un quinto del total. Hay aquí una profunda paradoja. Se trata de uno de los sectores de inversión más cruciales para aumentar el valor agregado de nuestras exportaciones y para incorporar y crear tecnología de punta en nuestro país.
Por eso llama la atención la baja participación del sector privado en el financiamiento de proyectos en el sector. Creo que ello merece una amplia revisión".
-Extracto de la intervención del Primer Mandatario en la inauguración del Foro de Desarrollo Productivo. Julio 1996.-
