Programa de Innovación Tecnológica (1996-2000)

EL PROGRAMA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 1996-2000

Porqué un nuevo Programa

El Programa de Ciencia y Tecnología, cuya primera fase concluyó formalmente a fines de 1995, generó avances significativos en las diversas dimensiones de la actividad científico-tecnológica nacional. En efecto, en ese período se incrementó tanto la actividad de investigación científico-tecnológica en universidades e institutos tecnológicos, como el esfuerzo innovador de las empresas productivas en el país, particularmente del sector privado.

Paralelamente, se han generado instrumentos legales para apoyar la actividad innovadora, tales como los proyectos de ley sobre Certificación de Calidad y sobre el Instituto de Propiedad Industrial. El sector público, por su parte, ha ido incorporando progresivamente la dimensión tecnológica en sus planes y programas, particularmente en lo que se refiere a las políticas sectoriales.

No obstante lo anterior, a fines de 1995 Chile estaba aún lejos de haber alcanzado un ritmo e intensidad innovadores suficientes como para garantizar incrementos de la productividad acordes con los requerimientos del desarrollo socioeconómico nacional. A pesar de los indiscutibles avances, hoy subsisten no pocas de las falencias que se detectaron al comenzar la primera fase del Programa. Entre éstas cabe destacar la inadecuación del sistema financiero a las necesidades provenientes de los proyectos de innovación tecnológica; el escaso desarrollo de la cooperación y la asociatividad empresariales en proyectos innovadores; la falta de fluidez en la transferencia desde la fase de investigación y desarrollo de tecnologías hasta sus aplicaciones productivas.

Adicionalmente, el estado de la información referida a las potencialidades y carencias del Sistema de Innovación Nacional (SIN) es todavía insuficiente, por lo que se hace necesario crear y/o perfeccionar mecanismos de generación y difusión de información entre los agentes del SIN.

Todo ello hace indispensable la existencia de una fuerte acción del Estado, encaminada a promover y fortalecer las iniciativas -fundamentalmente privadas- de creación, adaptación y transferencia tecnológicas, a través del diseño y la aplicación de diversos instrumentos de política tecnológica. Es el Programa de Innovación Tecnológica el organismo que el Gobierno de Chile ha destinado a cumplir esa labor durante el próximo quinquenio.

La Misión del Programa

El Programa de Innovación Tecnológica 1996-2000 -la segunda fase del Programa de Ciencia y Tecnología- se concentrará en el impulso y la difusión de la innovación tecnológica.

Este programa constituye un componente básico de la política de desarrollo científico y tecnológico del Gobierno. Su misión principal es catalizar un desarrollo acelerado de la actividad de innovación tecnológica avanzada del país, orientada a dinamizar el Sistema de Innovación Nacional (SIN), impulsando una presencia substantivamente mayor del sector privado y con un sector público modernizado, capaz de asumir los nuevos roles que demanda el desarrollo tecnológico nacional.

Esta misión se materializa a través de diferentes instrumentos que conforman el Programa de Innovación. Entre ellos, los más importantes son fondos tecnológicos (FONTEC, FONDEF, FDI -ex-FONSIP-, FIA y FIM), que contribuyen a financiar una parte significativa de las actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica del país. Pero la política tecnológica también tiene otras vertientes, como son la elaboración y proposición de instrumentos normativos para incentivar la actividad innovadora, y las labores de difusión y comunicación en el ámbito del desarrollo tecnológico.

Con todo, es necesario destacar que la acción del Estado en el campo tecnológico no se limita al Programa de Innovación Tecnológica, pues existen iniciativas sectoriales u originadas en otros servicios públicos que también se orientan hacia el desarrollo de la innovación tecnológica. Es el caso, por ejemplo, de los institutos tecnológicos del sector público.

Ventajas

La modalidad de "Programa" de innovación tecnológica, con enfoque de mediano plazo, ha demostrado ser una importante fuente de innovación institucional para la ciencia y la tecnología en Chile, y debe ser profundizada para el próximo quinquenio. Sus ventajas más claras son las siguientes:

    a) Cooperación y desarrollo interinstitucional.

    Permite establecer una cooperación de largo plazo entre instituciones públicas que operan en campos diferentes: Ministerio de Economía, en políticas de desarrollo y regulación; Ministerio de Educación, en educación e investigación científica; CORFO en el fomento productivo; y el Ministerio de Agricultura en investigación científica del sector agropecuario. El Programa de Innovación Tecnológica reconoce la importancia para asumir dinámicamente los desafíos del desarrollo tecnológico acelerado.

    b) Cooperación entre actores.

    Favorece una cooperación entre actores directamente involucrados en el desarrollo y la innovación tecnológica: universidades, institutos tecnológicos, empresas y entidades públicas.

    c) Colaboración entre ciencia y tecnología.

    El enfoque del Programa reconoce que la investigación científica y la innovación tecnológica poseen dinámicas propias y autónomas. Sin embargo, considera indispensables construir nuevas capacidades tanto para innovación basada en investigación y desarrollo (I+D), como para la investigación científico-tecnológica orientada por misiones de impacto económico-tecnológico.

Diferencias entre el Programa de Ciencia y Tecnología 1992-1995 y el Programa de Innovación Tecnológica 1996-2000.

Con los antecedentes aportados por la evaluación externa y por las experiencias propias de la ejecución del Programa de Ciencia y Tecnología 1992-1995, en esta segunda fase 1996-2000 -ya como Programa de Innovación Tecnológica- se han introducido cambios importantes que repercutirán en una mejor gestión y cumplimiento de las tareas asignadas.

    a) El propósito del Programa anterior fue desarrollar la ciencia y la tecnología en el país, mientras que el propósito del actual Programa se focaliza en impulsar y difundir las actividades de I+D precompetitiva, así como en promover la innovación tecnológica en el mundo productivo nacional. Esto último se refleja en el papel que jugará el FONTEC, financiando la innovación tecnológica en las empresas, el que incrementará substancialmente su participación en el total de los recursos asignados por el Programa en este período.

    b) En su lugar se incorpora como nuevo componente el FDI -ex FONSIP- (Fondo Desarrollo e Innovación), que fue creado en 1995; el FIA, constituido en el año 1981; y el FIM, fundado en 1997. La misión del FDI es realizar estudios de interés público, desarrollar investigaciones de carácter precompetitivo y apoyar la generación de infraestructura de base tecnológica en centros e institutos tecnológicos nacionales. La tarea del FIA, en tanto, consiste en apoyar la I+D orientada al sector agropecuario, especialmente introducción de nuevas especies, al mismo tiempo que incentivar la transferencia tecnológica en empresas del sector. Por último, el FIM tiene por objeto la investigación científica orientada por misión, en el ámbito del cobre y sus subproductos.

    c) El actual Programa 1996-2000 será enteramente financiado con recursos locales, a diferencia del Programa 1992-1995 que fue cofinanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo. La forma jurídica corresponde a la de un programa interinstitucional en donde el Ministerio de Economía coordina y CORFO, CONICYT y el Ministerio de Agricultura coejecutan.

    d) En los fondos que integraron el Programa 1992-1995 (FONDEF Y FONTEC), algunas líneas de financiamiento desaparecen, otras se perfeccionan en su diseño y operación, y también se crean líneas de financiamiento y apoyo enteramente nuevas. Asimismo, se han dado pasos importantes para la construcción de una red de información avanzada y se han elevado las capacidades públicas en diseño, gestión, monitoreo y evaluación de políticas de innovación tecnológica.

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD PARA PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN

Los productos chilenos podrán salir del país con una certificación oficial que acredite que sus procesos de fabricación o sistema de aseguramiento de calidad se ajustan a las normas de referencia, según el caso, una vez que se apruebe el proyecto de "Ley que crea un Sistema de Certificación Oficial de Conformidad de Exportaciones".

Este proyecto es impulsado por el Ministerio de Economía y, en términos generales, le otorga a la Subsecretaría de Economía la facultad de otorgar a personas naturales o jurídicas la calidad de certificador oficial, siempre y cuando cumplan con el proceso de acreditación ante dicha Subsecretaría.

En este proceso de acreditación debe demostrarse que se cuenta con las instalaciones, los recursos materiales y humanos y los procedimientos técnicos necesarios para efectuar determinadas certificaciones de conformidad. Todos los organismos de certificación oficial serán inscritos en un registro especial que mantendrá la Subsecretaría.

En el comercio internacional actual, la certificación oficial de productos y sistemas de aseguramiento de calidad es cada vez más un requisito indispensable para competir ventajosamente.

GASTO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

"En Chile el gasto en I+D está en torno al 0,8% del PIB. Más del 75% de este gasto lo realiza el Estado a través de universidades e institutos tecnológicos. En Canadá es al revés: el 80% del gasto lo hace el sector privado. Entonces, si queremos dar un salto en I+D, tenemos que generar una estrategia para crear una masa crítica de empresas que hagan I+D. Por ejemplo, una encuesta reciente nos dice que unas 80 empresas tienen gerente de I+D y unas 200 tienen a alguien dedicado a I+D. No es poco. Queremos una masa crítica de unas 500 empresas que rutinariamente hagan esto o contraten, porque no es necesario hacerlo en departamentos de I+D propios, sino que se pueden contratar. El gran salto verdadero se va a dar en la mediana y la gran empresa, no en la pequeña. La pequeña empresa no va a hacer I+D.

Si se mantienen las tasas de crecimiento del gasto que Chile ha destinado a Investigación y Desarrollo entre 1988 y 1994, para el año 2000 éste debería alcanzar el 1,0% del Producto Interno Bruto. Esto es aún insuficiente, comparado con alguno países del mundo desarrollado como Japón, Suecia, Suiza o los Estados Unidos, que destinan cerca del 3,0% del PIB a este fin. Sin embargo, superar el 1,0% del PIB significa multiplicar por más de tres veces nuestro nivel actual de gasto, triplicar las tasas históricas del período 1970-1990 y acercarse a los niveles de gasto de países como Dinamarca, Australia y Nueva Zelanda".

Alvaro Díaz, Secretario Ejecutivo del Programa de Innovación Tecnológica, Ministerio de Economía.

LEY QUE CREA INSTITUTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La propiedad industrial es en todo el mundo uno de los aspectos de la propiedad intelectual que más relevancia ha adquirido, ya que asegura la explotación comercialmente provechosa de los desarrollos tecnológicos. Un enfoque moderno que se internacionaliza le atribuye a la propiedad industrial la posibilidad de:

    1) Proteger el conocimiento a través de toda una gama de mecanismos establecidos, tales como las marcas, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, derechos de autor, información confidencial, variedades de vegetales, indicaciones geográficas y otros.

    2) Promover el uso del vasto acervo de conocimiento que está disponible en el sistema internacional de patentes.

Chile está realizando un gran esfuerzo -pionero en América Latina- para adecuar sus herramientas jurídicas al modelo de apertura a la competencia y el comercio mundial de sus productos. Una muestra de ello es la Ley 19.039 sobre Protección de Derechos de Propiedad Industrial que en 1991 reemplazó a la obsoleta normativa que ya llevaba 60 años de vigencia.

Sin embargo, estas iniciativas deben complementarse con una estructura administrativa moderna, no tradicional, basada en un órgano con autonomía funcional y financiera que no sólo registre, otorgue o deniegue los privilegios industriales, sino que además promueva el desarrollo tecnológico nacional. Todo estos conceptos se encarnan en el proyecto de Ley que crea el Instituto de Propiedad Industrial, el cual se formaría a partir del antiguo Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía. Su director nacional sería nombrado por el Presidente de la República, y se financiaría con el presupuesto de la Nación y con los ingresos generados por todos los derechos cobrados por el Instituto, distintos a la concesión de privilegios.