Según un reciente informe del Ministerio de Economía, nuestro país invirtió el 2008, el 0,4 % del PIB en investigación y desarrollo (I+D), a diferencia del 2,3 % del PIB que constituye la tasa promedio de los demás países que forman parte de la OCDE.
 
Esta cifra es extremadamente preocupante al darnos cuenta que, sólo para llegar a la media de los países de la OCDE, debemos multiplicar casi seis veces el gasto actual en I+D.
 
Es evidente que se debe potenciar la inversión en esta área, y una forma rápida es que lo haga el Estado en forma directa, invirtiendo el gasto público en tecnología. Esta opción, que puede dar resultados rápidos, se vislumbra como una medida temporal y que en ningún caso podrá eliminar la enorme brecha que nos separa de los demás países de la OCDE.
 
En esta materia, el sector privado es fundamental, ya que es el llamado a invertir en forma exponencial para poder ser competitivos, pues la tecnología es hoy  una clara herramienta de competitividad en el comercio internacional. Pero, las empresas no innovan por innovar, es necesario que el Estado dé alicientes para ello. Hoy, existe una la ley nº 20.241 que fomenta la inversión en I+D que no ha tenido efecto alguno. Creo fundamental se modifique y potencie esta normativa, haciendo realmente atractivo la inversión en innovación. Esto permitirá que el sector privado entre en el engranaje de la generación de productos y servicios, formando un círculo virtuoso para el desarrollo.