El Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) fue creado el año 2006 y constituye el principal instrumento para dotar de nuevos y mayores recursos los distintos esfuerzos que el Estado realiza en torno a la innovación, siguiendo los siete ejes estratégicos de la Política de Innovación definida por el Comité de Ministros para la Innovación que preside el titular de Economía.

A la fecha, el fondo ha permitido elevar sustancialmente la inversión pública en innovación, con un alza de 18% entre 2006 y 2007, de 39% entre 2007 y 2008, y de 21%entre ese año y 2009.

A través del FIC el Estado destina recursos a proyectos de investigación científica, innovación empresarial y emprendimiento, entre otros, a través de agencias públicas especializadas. Las principales son InnovaChile de CORFO y CONICYT. Adicionalmente, se transfieren recursos a programas implementados a través de FIA, la Iniciativa Científica Milenio (ICM) y algunos programas del ministerio de Educación.

La gestión del FIC se realiza a través de la firma de convenios de desempeño, que siguen procesos de análisis y discusión, revisión, ejecución y seguimiento, considerando productos y actores o instituciones ejecutoras. Este instrumento permite alinear las prioridades de las agencias con la Política de Innovación.

En los convenios se incluye la definición de indicadores y metas para cada programa y son formalizados en acuerdo con la Dirección de Presupuestos y con toma de razón por parte de la Contraloría General de la República.

Una vez puestos en marcha, la gestión de los recursos es monitoreada por el ministerio de Economía, de tal manera de hacer ajustes y correcciones en los casos que sea necesario, para asegurar el cumplimiento de las metas.

La asignación de los recursos provenientes del FIC es realizada por las agencias mediante procesos de evaluación regional y nacional, externa e interna y, en algunos casos, dependiendo del monto involucrado y la envergadura de la iniciativa, se acude a evaluación por parte de paneles de expertos internacionales.

La decisión final la toma un comité de conformación público-privada y representación multisectorial, cuyos miembros son de conocimiento público.

Los pagos realizados a los beneficiarios finales se establecen según convenios o contratos que contemplan, entre otros, hitos críticos e informes finales y/o parciales. Algunos de los criterios de evaluación para la selección de los proyectos son: mérito innovador, mérito del proponente, impacto del proyecto, factibilidad y calidad de la propuesta, rentabilidad social, entre otros.