EDITORIAL  

Hacia una política de desarrollo más avanzada

Alvaro Díaz

En los próximos cinco años, el país deberá reasignar el equivalente a casi el 40% del monto total de recursos que canaliza hacia el fomento productivo y exportador. En efecto, el acuerdo que Chile firmó con la Organización Mundial de Comercio (OMC) implica que debe iniciar el desmantelamiento de tres instrumentos: el Reintegro Simplificado de Exportaciones (Ley 18.480); el pago diferido de aranceles por bienes de capital (Ley 18.634); y el Estatuto Automotriz que ya está siendo eliminado.

No sólo se trata de un imperativo de la OMC. Los estudios han demostrado que los mecanismos antes citados se hacen cada vez más obsoletos frente a los nuevos requerimientos de desarrollo. En particular, presentan dos grandes debilidades. Por un lado, la mayor parte de los subsidios se han canalizado hacia una proporción reducida de grandes empresas. Así ocurre con el Reintegro Simplificado de Exportaciones que constituyó, hasta ahora, el más efectivo de todos los instrumentos. En este caso casi 2/3 del subsidio implícito se concentra en 260 empresas que constituyen sólo el 10% del total que han utilizado esta franquicia. Por otro lado, estos subsidios no son efectivos para resolver problemas fundamentales de competitividad de las empresas, especialmente en las áreas de tecnología, estrategia exportadora, producción limpia y capacitación.

Por ello es que el Gobierno ya está construyendo el nuevo perfil de la política de fomento productivo, que se orienta a profundizar el avance del país hacia la segunda fase del desarrollo exportador. De este modo, en los últimos cuatro años ha madurado un nuevo conjunto de políticas orientadas hacia la innovación y transferencia tecnológica, con su correspondiente instrumental y financiamiento.

En este contexto, destacan las políticas de fomento productivo y descentralización regional orientadas hacia la Pyme y la microempresa. También se ha consolidado la política tecnológica para el período 1996-2000, que se traduce en el desarrollo de seis fondos (Fontec, Fondef, FDI, FIA, FIP y FIM) que apoyan la Investigación y Desarrollo (I+D) y la transferencia orientada a la innovación, así como la construcción de las infraestructuras de información y de servicios tecnológicos, tema principal de este número de "Correo de Innovación".

Asimismo, el gobierno aprobará próximamente una política de fomento a la producción limpia, que tiene como propósito catalizar el desempeño ambiental y la competitividad de las empresas, incorporando nuevas tecnologías y criterios de gestión ambientalmente sanos. Una tarea urgente que se está realizando en consulta con el sector privado es la modernización y profundización de la política de fomento exportador, tarea particularmente urgente debido al requerimiento ya señalado de iniciar prontamente el desmantelamiento progresivo de subsidios que son prohibidos por la OMC.

Aunque se desarrollan a un ritmo más lento del deseado, estos cambios indican que Chile está madurando una nueva política de fomento productivo y exportador. A diferencia de mecanismos en obsolescencia que sólo subsidian utilidades de las empresas, los nuevos instrumentos se concentran en apoyar la innovación tecnológica en producto, proceso y gestión, producción limpia, capacitación de los trabajadores y desarrollo de estrategias exportadoras más avanzadas. El propósito es canalizar y facilitar la adquisición de ventajas competitivas dinámicas en las empresas, mediante el uso cada vez más intensivo de instrumentos que son aceptados por la OMC.

El gran desafío es también la modernización de las instituciones de fomento, proceso que ya está en marcha. Este se expresa en la modernización y racionalización de Corfo, en la reestructuración de ProChile en una corporación con alta participación privada, en la nueva Ley Sence que amplía la capacidad de apoyo a la capacitación de trabajadores del sector privado, en la extensión del Programa de Innovación Tecnológica y en el despegue de un programa de fomento de la producción limpia. Todos estos cambios institucionales fortalecen el rol catalizador que debe jugar el Estado en apoyo al desarrollo competitivo del sistema productivo chileno.

 
Revista Correo de la Innovación.
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