Las políticas públicas de apoyo a la modernización tecnológica del sector agropecuario se destacan por su profundidad y amplitud. Aunque el sector contribuye con el 6,5% del PIB, el 13,6% del empleo y el 10,3% de las exportaciones, su importancia en el gasto público total orientado a transferencia e innovación tecnológica (que incluye I+D) es muy superior al resto de los sectores. Por ejemplo, si se agregan los aportes que los cinco fondos tecnológicos realizan, se concluye que el 40% de los recursos del Programa de Innovación Tecnológica se orienta hacia el sector agropecuario y silvícola.

Los recursos se han orientado hacia I+D y transferencia tecnológica masiva. Lo que más destaca es la introducción y adaptación de nuevas especies, proceso complejo, costoso y largo. El impacto de este esfuerzo no es sólo sectorial: al estandarizar productos agropecuarios facilita los procesos de transformación industrial.

Ciertamente que los recursos destinados a la actividad científica- tecnológica de este sector son todavía insuficientes, pero ¿qué causas explican esta capacidad sectorial tan notable de captar recursos? Primero, existe un consenso en torno al rol del sector público, quien debe fomentar y catalizar la modernización tecnológica sectorial. En efecto, aun cuando es la empresa quien decide innovar, se reconoce que estas inversiones tienen un retorno sólo a mediano-largo plazo, presentan elevados riesgos y externalidades, y requieren de adaptaciones a las especificidades del stock genético y ambiental chilenos. Además, se constata una estrecha conexión entre innovación y difusión. En efecto, hay causalidad casi inmediata entre emergencia de nuevos productos exportables y aparición o adaptación de `clusters' de productores y traders.

Adicionalmente, se ha constituido un importante grupo de instituciones, empresas e investigadores que constituyen una poderosa fuente de generación de innovaciones inducidas vía oferta o demanda.

Tercero, y más allá de las discrepancias que se observan, existe una importante convergencia de enfoques entre los sectores público y privado. Estos actores han aprendido a reconocer que el proceso innovativo es moldeable mediante la cooperación público-privada- universitaria.

Al considerar el sector industrial, se constata una fuerte asimetría respecto a lo que ocurre en el sector agropecuario. Aun cuando la industria representa el 16,3% del PIB, 16,2% del empleo y 22,5% de las exportaciones (excluyendo Recursos Naturales de bajo procesamiento), no ocupa un lugar relevante en la asignación de recursos orientados a la modernización productiva. En efecto, si bien es predominante en los FAT y Profos, recibe menos de 1/5 de los recursos de los fondos tecnológicos, donde sólo destaca en Fontec.

Múltiples son las causas de esta asimetría. Entre ellas destaca el que todavía no haya emergido una `masa crítica' de centros tecnológicos, universidades y empresas capaces de apoyar la modernización tecnológica avanzada del sector (ver Encuesta de Innovación 1995).

Ello genera un `círculo vicioso' en las empresas que se ven obligadas a reproducir viejas prácticas claramente insuficientes para dominar tecnologías más avanzadas. Adicionalmente, falta profundizar el desarrollo de nuevos instrumentos de fomento productivo, que suplanten aquéllos que se hacen cada vez más obsoletos y que se concentren en adaptación ambiental, en capacitación de fuerza de trabajo más calificada, en transferencia tecnológica y en innovación.

Todo ello ya está formulado en la política de desarrollo productivo.

Chile puede desarrollar una industria avanzada, estrechamente articulada con el procesamiento de recursos naturales y los servicios productivos. Pero, tal como ocurrió en el sector agropecuario, se requiere de la confluencia de enfoques y voluntades que superen importantes obstáculos. El principal desafío es evitar enfoques ideologizados de la relación entre gremios empresariales y gobierno, dificultando así la posibilidad de potenciar las nuevas rutas de colaboración que ya están emergiendo entre ambos sectores (por ejemplo Corporación Nacional de Exportadores, Asexma y Conupia).

Chile requiere de un nuevo consenso estratégico entre empresarios, trabajadores, gobierno así como universidades y centros tecnológicos.

Se requiere de un nuevo compromiso de fines de siglo para la innovación continua de la industria chilena. Se trata de una oportunidad histórica que no debe ser desaprovechada: la experiencia desarrollada por CORFO en los últimos siete años demuestra que es posible encontrar un camino consensuado para potenciar la innovación industrial, recogiendo la experiencia histórica de lo ocurrido en el sector agropecuario.

 
Revista Correo de la Innovación.
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