El 3 de junio último, el Presidente de la República constituyó la Comisión Nacional de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación. Su misión es entregar, en un plazo de seis meses, una propuesta de políticas públicas y acciones privadas para la rápida y masiva expansión de las redes de información. Esta iniciativa, que pasó casi inadvertida en los medios de comunicación, constituye un paso decisivo para que el país aborde esta materia con visión de futuro y sentido público.

Las nuevas tecnologías de comunicación y las redes de información que ayudan a conformar, se difunden aceleradamente en todo el sistema productivo y en la sociedad. Sin temor a exageraciones, puede afirmarse que Chile está viviendo los albores de una revolución cuyo dinamismo y profundidad será similar a la que existió con la invención de la imprenta. En el transcurso de los próximos diez años, una multitud de innovaciones modificará radicalmente las formas en que las personas trabajan, estudian, se entretienen, compran, se transportan, se comunican, usan servicios públicos, reciben educación y acceden a la salud.

Si bien es cierto que hoy en día sólo una minoría de empresas y personas tiene acceso a redes como Internet, no cabe duda que éstas se expanden a una velocidad extraordinaria. Existe consenso en que, hacia el futuro próximo, su rol será tan vital para el desarrollo como lo fueron los sistemas de telégrafos, teléfonos, caminos y puertos. En este sentido, Internet constituye un nuevo servicio de utilidad pública y por eso se le llama infraestructura de información.

El proceso ya despegó. La infraestructura de información se está construyendo mediante múltiples iniciativas de gran y pequeña escala en todo el país. Las emprenden las universidades, el sector público, el sector privado, las ONGs y las personas. Ello es extremadamente positivo. Sin embargo, a pesar de este gran dinamismo, la difusión de las redes de información en Chile parece perder ritmo respecto a otros países de similar grado de desarrollo. A la vez, surgen importantes obstáculos que entraban su desarrollo y dificultan el acceso a ciudadanos de menores ingresos y a quienes viven fuera de la Región Metropolitana.

En primer lugar, el país debe construir un nuevo marco regulatorio que facilite el acceso universal a la información pública y fomente el desarrollo de mercados. Han surgido nuevos problemas que es preciso enfrentar. Entre otros, la propiedad intelectual, la autentificación de documentación electrónica, la seguridad y accesibilidad a bases de datos, los sistemas de encriptación para el comercio electrónico, la interconectividad y el desarrollo de la competencia de proveedores de servicios. Un nuevo marco regulatorio no sólo deberá referirse a los medios físicos, sino también a los contenidos de la información que se difunde por las redes.

En segundo lugar, existe un amplio consenso de que la modernización del sector público puede acelerarse, mediante la construcción de una autopista gubernamental de la información. Dado que el Estado es el principal depositario de información en Chile, su creciente integración a las redes de información no sólo implicará servicios mejores y más rápidos para los ciudadanos y las empresas. También conllevará más integración territorial y social, así como un impulso al desarrollo de nuevos segmentos de las diversas industrias de tecnologías de información y comunicación.

En tercer lugar, la construcción de esta nueva infraestructura de información requiere considerar las dimensiones sociales, culturales y políticas de nuestro país. No es posible obviar la persistencia de enormes desigualdades que generan interrogantes acerca del tipo de Chile que emergerá en el bicentenario de la República. Como lo señala un documento oficial de la Unión Europea: La sociedad de la información cuenta con el potencial de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, aumentar la eficacia de nuestra organización social y económica y reforzar la cohesión& El principal riesgo reside en la creación de una sociedad de dos velocidades, compuesta por los que tienen y los que no tienen nada, en la cual sólo una parte de la población tenga acceso a la nueva tecnología, la maneje con soltura y goce plenamente de sus beneficios. (Europa y la Sociedad Global de la Información, Bruselas, Mayo de 1994).

Las nuevas redes de información tienen el potencial de ser una importante herramienta de democratización al facilitar la participación y la expresión ciudadana. Sin embargo, también existe el peligro de que sean utilizadas para reducir los derechos individuales. Es innegable el enorme control social que agencias públicas y empresas pueden ejercer mediante bases de datos que contienen cada detalle de las vidas de las personas. Por otra parte, estas redes de información proporcionan las bases de una sociedad abierta y libre que se enriquece culturalmente.

Frente a estas oportunidades y desafíos, construir la infraestructura de información exige un rol proactivo del sector público. El Gobierno tiene roles fundamentales que desempeñar: difundir un nuevo consenso nacional que comparta una visión de futuro; modernizar y descentralizar una autopista gubernamental de la información; construir un nuevo marco regulatorio que facilite el desarrollo de los mercados de la información; asegurar la equidad de acceso a los beneficios de la era de la información, así como desarrollar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

Esta constatación ha conducido a países desarrollados a impulsar estrategias e importantes iniciativas gubernamentales. No sólo en EE.UU., la Unión Europea y Japón; también en países de menor tamaño como Nueva Zelandia, Australia y Finlandia. Chile está emprendiendo este camino, y en los próximos meses tendremos la oportunidad de conocer y aportar a los debates y recomendaciones que esta comisión impulsará.

 
Revista Correo de la Innovación.
Copyright © 1997 - 1998