Senado aprobó nueva ley de quiebras

Tras la aprobación por parte del Senado, el proyecto que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de activos de empresas y personas y que perfeccionan el rol de la Superintendencia de Quiebras, quedó en condiciones de cumplir su segundo trámite en la Cámara de Diputados. La iniciativa permitirá potenciar la reorganización por sobre la liquidación, incentivando la conservación de una empresa.

Ello, luego que el Senado despachara la iniciativa que comprende 345 artículos que derogan la Ley de Quiebras vigente, regulando esta nueva reorganización y liquidación y que contempla además, otros 57 artículos que adecúan normas vigentes al propósito de este proyecto, además de 11 disposiciones transitorias.

El proyecto incluye procedimientos concursales adecuados para cada deudor en dificultades, sean éstos micro, pequeños, medianos o grandes, personas jurídicas o naturales, en equilibrio con la debida protección a los acreedores y sus garantías.

Durante la discusión en la Cámara Alta se acordó incorporar una norma que evitará que exista una interpretación retroactiva del cambio que se introduce a la definición de los delitos de quiebra fraudulenta o culposa, en el sentido que “las disposiciones penales de esta legislación solo se aplicarán a hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia”.

Además, establece a la quiebra como causal de término del contrato de trabajo, otorgándoles la anhelada certeza a los trabajadores que se ven afectados por la quiebra de una empresa, respecto de la fecha de término de su relación laboral y de las prestaciones que les corresponden, garantizando y facilitando el ejercicio de sus derechos.

Al respecto, el ministro de Economía, Félix de Vicente, señaló que el proyecto tiene por objeto permitir a los emprendedores sobreponerse y resurgir cuando algún proyecto empresarial fracasa. “Creemos firmemente que esta nueva legislación cambiará para bien la vida de miles de emprendedores, quienes tendrán por fin una herramienta legal que los ayude a levantarse ante las dificultades económicas”.

“Tan necesarias como las políticas públicas que incentivan el inicio del emprendimiento son aquellas que facilitan su término, entendiendo esto como parte del proceso de emprender” enfatizó De Vicente al término de la sesión.

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