“Los notarios no estamos contra el emprendimiento”

Están en el ojo del huracán. En las últimas semanas, notarios y conservadores se han enfrascado en una ácida controversia con la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), debido al proyecto de ley que hoy se discute en el Congreso, que busca que las empresas puedan quedar constituidas en sólo 24 horas.

A nombre de sus asociados, que representan al 80% de las 393 notarías que hay en Chile, quisieron responder las imputaciones realizadas por el presidente de Asech, Juan Pablo Swett, quien en entrevista con Innovación.cl manifestó que debido al “intenso lobby” de los notarios, es que el proyecto no ha podido salir adelante. Y dicen que están a favor del emprendimiento.

“Estamos de acuerdo en favorecer que las empresas puedan constituirse en sólo un día. Con lo que no estamos para nada de acuerdo es con el proyecto de ley que se está discutiendo, porque reúne una serie de puntos que creemos negativos que han sido cuestionados por destacados abogados, decanos y especialistas, como la presidenta del Colegio de Abogados, Olga Feliú. Muchos consideran que la iniciativa presenta una serie de debilidades y carece de certeza jurídica”, explica Armando Arancibia (PS), presidente de los notarios, quien también fuera diputado durante los años 90’.

El abogado cuenta a Innovación.cl que mucha gente no sabe que, “actualmente, cerca del 70% de las empresas se están constituyendo de forma legal en 24 horas y máximo en 48 horas, si se toma en cuenta la publicación en el Diario Oficial”. Por eso, dice que la idea de crear empresas en un día, la suscriben en lo hechos y destaca que incluso, en las notarías más dotadas tecnológicamente de Santiago, es posible que una empresa sea creada en sólo seis horas.

Las críticas que le hacen al proyecto son varias. Una de ellas se relaciona con que radica la fe pública en el subsecretario de Economía, funcionario que, según ellos sólo está investido de fe pública administrativa y no notarial ni registral, y que su labor únicamente está vinculada a las labores propias de su ministerio, como jefe de servicios. “Según la Ley de Bases de la Administración del Estado, el subsecretario es un colaborador del ministro y de confianza del Presidente de la República. Por lo tanto, no puede dar fe de actos y contratos sobre terceros debido a que no es la naturaleza jurídico-administrativa del cargo”, dice Arancibia.

Además critican que esta iniciativa crea un formato electrónico que será llenado por los futuros socios, sin prevenir ni vigilar el cumplimiento o incumplimiento de las normas que regulan el contrato. “Es absurdo no comprender que las sociedades necesitan de una orientación legal que permita determinar la naturaleza jurídica de la nueva persona jurídica, así como las estipulaciones estatutarias y demás pactos que los contratantes estimen convenientes, según cada realidad, para alcanzar con éxito los fines de la empresa, evitando los costos e incertidumbres de futuros litigios”, dice Arancibia.

Agrega Arancibia que el valor que está en juego con el proyecto se relaciona con la certeza y seguridad jurídica, que dice no apreciar en el mencionado cuerpo legal. “Nosotros advertimos hace tiempo las deficiencias que tiene este proyecto, que adolece de serias deficiencias y que de ser aprobado, abrirá la puerta a una serie de problemas y vicios legales”.

La propuesta de los notarios
Explica el presidente de los Notario y Conservadores que basta con una norma que obligue a implementar el sistema de inscripción telemática y el otorgamiento provisional del RUT, para que en no más de seis meses se cumpla dicha objetivo en todo el país, sin mayor demora en la dictación de reglamentos, ni gasto de un solo peso de recursos fiscales. Explica también que “el sistema propuesto no está al alcance de esa gran masa de pequeños y medianos emprendedores, como artesanos, feriantes, pequeños comerciantes”, los que según él, “en su actividades no tienen la posibilidad de acceder a internet y menos, a una firma electrónica avanzada”. Por eso, cree que este proyecto favorece a los sectores más acomodados, que sí tienen más posibilidades de acceder y utilizar estas herramientas tecnológicas. “Pensamos que este proyecto de ley está pensado para medianos y grandes, que tienen recursos, los que sí están en posición de pagar una constitución de sociedad”, explica.

Relacionado con lo anterior, explica que la gratuidad indiscriminada propuesta en el proyecto de ley, resulta bastante discutible, ya que gastará parte de los impuestos de los chilenos, en subsidiar no solo a algunos pocos pequeños emprendedores, sino a empresarios con suficiente capacidad económica, incluso, muy grandes, o a empresas que no tienen por objeto emprender una actividad productiva.

Asimismo, el presidente de los notarios cree ver algunos vicios legales, que le preocupan mucho. Dice que las sociedades creadas quedan fuera de la obligación de informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda, en circunstancias que “uno de los principios fundamentales para prevenir el lavado de activos, es el conocimiento personal del constituyente. Hoy, los sujetos obligados a informar (notarios y conservadores), deben llevar registro de las Personas Políticamente Expuestas (PEP), que celebren actos o contratos en ciertas condiciones.

Respecto de las acusaciones de lobby en el Congreso, Armando Arancibia dice que ellos no son los que votan y que “la Asociación de Emprendedores, como cualquier otro cuerpo intermedio que existe en la sociedad y tiene sus propios intereses, está en su perfecto derecho también de tratar de influir en los parlamentarios, como lo hace”. Y respecto de los vínculos que se les atribuye con parlamentarios, Arancibia dice que insinuar que ellos tienen la posibilidad de presionarlos es una falta de respeto a los mismos senadores y diputados y su trabajo. “Incluso, muchos de ellos han hablado pestes de nosotros en distintas circunstancias. Yo fui parlamentario y sé que no se dejan presionar tan fácilmente”.

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