Hace ya tres años que se gestó la actual ley 20.241. Este cuerpo legal, aprobado en forma inmediata a fines del 2008, permite a las empresas descontar hasta un 35% del gasto que realicen en proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D). Y lo mejor es que el saldo es reconocido por el SII como gasto necesario para producir la renta. Todo bien.
Sin embargo, al comenzar su diseño, aún recuerdo las acaloradas discusiones con el Ministerio de Hacienda, pues “hecha la ley, hecha la trampa”, me decían.