La innovación y el ingreso de Chile a la OCDE

Resultan paradojales algunos cuestionamientos por la incorporación de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Bien saben los economistas el rol de las expectativas en las decisiones de los agentes económicos y el valor de las señales en un mundo en que existe información asimétrica. En ese sentido, la entrada de Chile a la OCDE es una señal potente.

 

Por otra parte uno de los principales problemas que afectan a las políticas públicas es su inconsistencia dinámica, debido a que el impacto de muchas decisiones rebasa con creces el período de un gobierno –como ocurre con las políticas de innovación, capital humano y ciencia– y, por tanto, existe la tentación de tomar decisiones con horizontes de muy corto plazo. Frente a ello, el dialogo de política con la OCDE en el ámbito de la innovación es especialmente atractivo para Chile.

 

Previo a su ingreso a este organismo, Chile solicitó diversos estudios sobre el sistema de innovación que han apoyado la elaboración de la Estrategia de Innovación y el diseño de políticas públicas en este ámbito. Es más, estos informes –dados a conocer públicamente– tienen la virtud de abordar aspectos fundamentales que inhiben el desarrollo del sistema de innovación y que es necesario resolver si queremos concretar las transformaciones que nos incorporen a la sociedad del conocimiento. 

 

En 2007, la OCDE entregó un diagnóstico acerca de las fortalezas y debilidades del sistema de innovación y las políticas de innovación de Chile. 

Entre los obstáculos que debíamos corregir se mencionaban: la existencia de una cultura empresarial rentista que limita la incorporación de tecnología e innovación en las estrategias de negocios; un sistema centrado en la investigación y no en la innovación; una débil institucionalidad para la innovación con escasa visión estratégica y con actores regionales débiles; un sistema público fragmentado, con duplicación de esfuerzos y áreas de superposición; un mercado del conocimiento muy limitado; una baja oferta de fondos para emprendimiento; y cuellos de botella en disponibilidad y movilidad de recursos humanos para la ciencia y tecnología. La Estrategia de Innovación entregada al gobierno en 2007 y 2008 avanza en propuestas para resolver estas debilidades y el Ejecutivo ha definido políticas en general consistentes con la estrategia.

 

Finalmente, el mismo estudio de la OCDE de 2007 promovía la creación del Consejo Nacional de Innovación como ente independiente del gobierno que otorgue visión de largo plazo y reduzca los riesgos de captura. Hoy avanza en el Congreso un proyecto de ley que crea esta institucionalidad (junto con Fondo de Innovación para la Competitividad, FIC) y, aunque la iniciativa no alcanza la profundidad de las recomendaciones de la OCDE, será la base para que el dialogo de política con esta entidad ayude a mantener el rumbo con visión de largo plazo en materia de políticas de innovación.